El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente este jueves a Luis Motta Domínguez, exministro de la Energía Eléctrica y presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, SA. y a Eustiquio José Lugo Gómez, (exdirector de adquisiciones de Corpoelec) de haber participado en un esquema de corrupción que involucró el cobro de sobornos a empresas ubicadas en el estado de la Florida para lograr negocios con el Estado venezolano.
Motta Domínguez y Eustiquio José Lugo Gómez se les señala de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero tras recibir sobornos de dos contratistas a cambio de contratos millonarios de Corpoelec.
La acusación, dada a conocer por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, se produjo tras las declaraciones de culpabilidad de los contratistas, Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto Chacín Haddad a principios de esta semana, por conspirar para violar la FCPA en relación con el esquema de corrupción en Corpoelec.
El fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia; Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida y el agente especial de la División de Campo de la Administración de Control de Drogas de Miami (DEA Miami), Adolphus P. Wright dieron a conocer un comunicado donde se señala que los dos exfuncionarios del gobierno de Nicolás Maduro fueron acusados formalmente por corrupción y lavado de dinero.
La demanda contra Motta Domínguez y Lugo Gómez incluye ocho cargos, entre ellos el de conspiración para cometer lavado de dinero.
La acusación formal alega que a partir de enero de 2016 (o alrededor de esa fecha) y hasta diciembre de 2018, Motta y Lugo conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de la Florida.
De acuerdo con la acusación, Motta y Lugo otorgaron a tres empresas con sede en la Florida más de $60 millones en contratos de compra con Corpoelec a cambio de sobornos que las empresas involucradas pagaron a sabiendas que era ilegal y que violaba las leyes estadounidenses.
La demanda alega que el plan de sobornos violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero pues involucra delitos de soborno contra Venezuela.
Según los cargos, una parte sustancial de los ingresos de los contratos corruptos se lavó a través de instituciones financieras de los Estados Unidos utilizando cuentas bancarias ubicadas en el Distrito Sur de Florida.
El 24 de junio de 2019, Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto Chacín Haddad se declararon culpables ante la Jueza de Distrito de los Estados Unidos, Cecilia M. Altonaga, del Distrito Sur por un cargo de conspiración para violar diversas disposiciones de la FCPA. Veroes y Chacín serán sentenciados el 4 de septiembre de 2019.
De acuerdo con las admisiones hechas en sus respectivos acuerdos de culpabilidad, Veroes y Chacín acordaron entre sí y con otros co-conspiradores hacer pagos corruptos a funcionarios extranjeros en Corpoelec a cambio de la adjudicación de contratos de adquisición a empresas con sede en Florida. Según los términos de sus acuerdos de declaración de culpabilidad, se exigirá a Veroes y Chacín que pierdan al menos $5.5 millones en ganancias de los contratos obtenidos de manera corrupta, así como también de bienes raíces en el área de Miami.
