Abogado de Salva Foods (CLAP) desiste de demanda contra la empresa y admite que cobró sus honorarios profesionales

A través de un correo electrónico, el abogado que representa la empresa Salva Foods, Pedro Aranguren Gualdrón informó que desistió de la demanda contra la mencionada firma por reclamo de honorarios profesionales no cancelados que fue presentada el pasado 19 de febrero de 2019, ante los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Aranguren  Gualdrón sostiene que recibió la totalidad de los pagos adeudados por la empresa Salva Foods, que fueron detallados en el expediente del caso de demanda que quedó identificado con el número AP11-V- FALLAS-2019-000020.

Salva Foods 2015 C.A., según consta en el documento, está representada por Carlos Rolando Lizcano Manrique. Aranguren  Gualdrón informa que renunció al reclamo de honorarios por ningún otra diligencia.

Aranguren  Gualdrón envío una nota señalando que actúo como defensor de Salva Foods y "que ciertamente hubo impasse a nivel profesional que ya fue subsanado". A continuación publicamos el mensaje:

El representante legal de empresa Salva Foods 2015 C.A. fue quien introdujo la demanda por difamación e injuria a los portales Armando Info y El Cooperante por las informaciones publicadas por dichos medios sobre la supuesta corrupción e irregularidades en que se habría incurrido en los contratos para la distribución de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) promovidos por el gobierno de Nicolás Maduro, presentó una demanda en contra de la referida compañía por incumplimiento de pago.

En febrero de 2018, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, editores del portal Armando.info y el redactor Roberto Deniz, fueron demandados por el empresario colombiano, Alex Nain Saab Morán, por difamación agravada continuada e injuria agravada, luego de que publicaran los resultados de una investigación en un par de reportajes que versaban sobre el supuesto negocio irregular en que está sustentado el programa gubernamental de distribución de alimentos casa por casa, CLAP. Esta demanda fue presentada en el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

El tribunal prohibió a los comunicadores sociales hacer mención alguna sobre Saab y les dictó una medida de prohibición de salida del país. Igualmente el Consejo Nacional de las Telecomunicaciones (Conatel) les prohibió difundir información sobre Alex Saab, sustentado tal medida en un oficio del 23 de agosto de 2018 en el que el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones del Juicio de Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas que prohíbe a los comunicadores “publicar y difundir a través de los medios digitales, específicamente en el sitio denominado Armando.Info, menciones que vayan en contra del honor y la reputación Alex Nain Saab hasta tanto finalice el presente proceso, en la causa que le sigue en contra de los mencionados ciudadanos.

Armando.info y los periodistas en cuestión han sido objeto de diversos ataques cibernéticos tan pronto hubieron publicado las notas sobre el CLAP. Su integridad física también habría estado en peligro. Actualmente los comunicadores se encuentran en el exilio.

Obreros exigen a junta directiva de PDVSA iniciar la transición del capitalismo al socialismo en en la industria petrolera

Piden que se adjudique entre el 1 al 10 % de las acciones de PDVSA o -en su defecto- las ganancias que se produzcan de dicho porcentaje y que se les entreguen a los trabajadores "en moneda extranjera o Petro" para que así se incremente la motivación laboral.

Un documento firmado por varios obreros pertenecientes a la CLAP (sindicato) exigen al presidente de PDVSA, Manuel Quevedo y al presidente honorífico, Alí Rodríguez Araque que se produzca la transición del capitalismo al socialismo en Petróleos de Venezuela y que un porcentaje de las ganancias de la empresa sea entregado a la clase trabajadora -activa y jubilada- en moneda extranjera o en criptomonedas para lograr así una mayor eficiencia en la producción de la industria.

En la misiva se lee que la misión del proyecto "para transformar a la empresa en una organización socialista se basa en los principios de la teoría marxista y en la búsqueda de conquistar el poder político de los trabajadores de PDVSA, quienes ejercen un esfuerzo social de trabajo para la industria petrolera".

Proponen al gobierno "formalizar  la aplicación de la estrategia dirigida a propiciar el mejoramiento del buen vivir de la clase trabajadora petrolera, aprobando -por vía excepcional- la conformación de una Asociación Estratégica del Poder Popular, entre PDVSA y todos sus trabajadores con inclusión de los jubilados y sobrevivientes".

Solicitan que se adjudique entre el 1 y el 10 % de las acciones de PDVSA o en su defecto la ganancia equivalente, que impulse la producción petrolera en la redimensión de la productividad del negocio petrolero.

Aseguran que el mencionado porcentaje  debe generar ganancias anuales, "que en virtud de la cotización internacional de nuestro recurso petrolero, deberá ser entregado en ese período en moneda extranjera o en Petro a cada beneficiario que posea la cualidad de trabajador, reserva activa, o sobreviviente de la industria petrolera".

En consecuencia, cada accionista -trabajador- ejercerá el control directo de los medios de producción e incrementará su poder de participación protagónica en los procesos de sus áreas de influencia, conformándose como un tutor y guardador eficiente y eficaz de cada activo de la industria petrolera, lo cual incrementará la motivación laboral. 

Tribunal de Texas cambia nuevamente sentencia de contratistas corruptos de PDVSA

Según fuentes ligadas al caso, los fiscales aún no han concluido con la evaluación de las evidencias que se han presentado en este expediente y que aumentaron con los testimonios de los nuevos testigos en custodia de las autoridades estadounidenses.

El juez Gray H. Miller cambio una vez más la fecha de la lectura sentencia de los contratistas de la petrolera estatal PDVSA, Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera-Bastidas, dos ciudadanos venezolanos que se convirtieron en millonarios en base a un esquema de corrupción que incluyó el pago de un mil millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para lograr contratos de manera fraudulenta y en violación de las leyes de licitación.

De acuerdo a la decisión del Juez federal de la Corte del Distrito Sur de Texas, la lectura de la sentencia prevista para el 8 de febrero de 2018 se conocerá ahora el  23 de agosto de 2018 a las 9:30 AM. 

El magistrado también alargó el calendario para que las partes entreguen los documentos que están pendiente para el cálculo de la condena. Según las nuevas fechas, la Oficina de Libertad Condicional tendrá ahora hasta el 16 de agosto de 2018 para presentar los apéndices del informe previo a la sentencia. 

Rincón enfrenta una pena menor a 13 años y Shiera de menos de 10 años. Por su delación y entrega de información, los dos contratistas podrían recibir condenas menores a los 7 años.

El gobierno norteamericano acusó a Rincón y Shiera de haber pagado entre 2009 y 2014 mil millones de dólares sobornos a directivos de la empresa petrolera de Venezuela para obtener lucrativos contratos con beneficiaron a sus empresas energéticas, muchas de las cuales están radicadas en Estados Unidos.

Rincón y Shiera fueron arrestados el 16 de diciembre de 2015. Rincón fue apresado en Houston y trasladado a la cárcel de Harris County, en la ciudad de Texas, mientras que Shiera fue aprendido en Miami, Florida en la misma fecha.

El 16 de marzo de 2016, Shiera- Bastidas se declaró culpable del cargo de conspiración y de otro cargo por violar la Ley contra Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA), destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías de EEUU a empresarios o funcionarios públicos extranjeros.

En junio de 2016, Rincón también asumió la culpabilidad de dos cargos de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en los que admitió su participación en un esquema de negocios corruptos para obtener contratos con la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Igualmente, Rincón admitió que en su declaración de impuestos omitió más de $6 millones en dividendos recibidos por parte de una empresa que él poseía en Venezuela.

La fecha de la sentencia de Rincón y su socio Shiera fue cambiada en tres oportunidades. Shiera y Rincón no han sido los únicos que se han declarado culpables en este caso.

En los documentos federales se señala que los ejecutivos de la PDVSA que participaron en el esquema de corrupción creado por Rincón y Shiera recibieron sobornos en forma de dinero y regalos, entre los que se incluían comidas, viajes, whisky y hasta una noche en un lujoso hotel de Miami Beach (Florida).

Los co-acusados en este caso y que están en custodia de las autoridades estadounidense o ya procesados son (hasta el momento): Moisés Abraham Millan Escobar, José Luis Ramos Castillo, Christian Javier Maldonado Barillas, Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz, Juan José Hernández-Comerma, Charles Quintard Beech III, Karina Del Carmen Nuñez-Arias y Fernando Ardila-Rueda.

La información suministrada por Rincón y Shiera ha permitido ubicar a funcionarios de alto rango de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que recibieron coimas de los contratistas y que ahora son investigados y acusados por el gobierno de los EEUU. También permitió ubicar cuentas bancarias en paraísos fiscales y en bancos norteamericanos.